NOTICIAS Y ACTUALIDAD

"...La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, consideró que existen varios factores que explican el deterioro en materia de corrupción en la Argentina y enumeró: la situación de los acusados por actos de corrupción, la relación del Gobierno con la Justicia y la falta de transparencia en la compra de vacunas contra el Covid-19...

"...Destacaría la creciente impunidad de la que gozan los involucrados en actos de corrupción y los reiterados intentos del Gobierno por colonizar al Poder Judicial, afectando la independencia de los jueces. La gravedad de estos ataques llega al nivel de la Corte Suprema de Justicia. Sin un Poder Judicial independiente la corrupción aumenta”, indicó la abogada argentina a LA NACION..."

CORRUPCIÓN

A partir de la nota editorial de Lucía Salinas del 9-1-2022 para Clarín (Ver nota completa cliqueando en el recuadro), descubrimos el interesante trabajo que realizan en conjunto "ACIJ IGUALDAD POR LA JUSTICIA" y "FUNDACIÓN CONOCIMIENTO ABIERTO ARGENTINA".

Ambas asociaciones desarrollaron el "Observatorio de causas de Corrupción" y por su entorno simple e intuitivo permite navegar y conocer distintos aspectos de esos procesos.

VER EN "CLARIN"

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Documento PDF, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo estan uniendo fuerzas para combatir este delito. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) están en primera linea en ese esfuerzo.

QUIEN ES QUIEN

Cecilia Goyeneche fue suspendida para ejercer el cargo que venía ocupando en el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos por el "Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos" a pedido de los abogados de la causa "CONTRATOS" en la que se investiga por CORRUPCION  a importantes políticos de la provincia

CECILIA GOYENECHE

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CARRERA

2006 Fiscal.

2010 Fiscal de Cámara.

2014 Procuradora Adjunta.

ACCEDIÓ A LOS TRES CARGOS MEDIANTE CONCURSO. SIEMPRE EN PRIMER PUESTO

NUNCA FUE DENUNCIADA

NUNCA FUE RECUSADA

HASTA QUE COMENZARON LOS PROCESOS POR CORRUPCIÓN

EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO

  • En el Jurado que decidió la suspensión de Cecilia Goyeneche no hay ningún representante del Ministerio Público Fiscal.   

  • Los miembros del Poder Judicial son tres JUECES que fueron designados sin concurso alguno en sus actuales cargos.   Sus designaciones son políticas.

  • El jurado de enjuiciamiento no ofrece ninguna garantía de IMPARCIALIDAD cuando el denunciado es un Fiscal que dirige imputaciones a políticos.

CORRUPCIÓN-PROVINCIA DE ENTRE RÍOS                                                     

DENUNCIAR PARA QUE NO INVESTIGUEN

La Asociación Argentina de Fiscales expresó mediante un comunicado, que las denuncias efectuadas contra el Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge García y la Sra. Fiscal Adjunta Dra. Cecilia Goyeneche, tendientes a lograr sus destituciones, tienen la finalidad de ejercer presión y "aleccionar" a todo el cuerpo de Fiscales que investigan hechos de corrupción, procurando así, crear un “Bill de impunidad”.
La situación es alarmante porque el "fenómeno de denunciar a quienes investigan los hechos de corrupción" son una constante y se han convertido en una "política".  Así ocurre en el ámbito nacional, y en las Provincias de Entre Ríos y Santa Fé entre otras.

Causa Contratos (“B...”) PARA QUE ENTIENDAS POR QUÉ ATACAN AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

El 20 de septiembre de 2018, la policía de Entre Ríos interviene a través de su división delitos económicos, ante un hecho que uno de sus funcionarios había advertido que se repetía periódicamente: tres personas se apersonaban en una sucursal del Banco de Entre Ríos y durante largos minutos, y el uso de diversas tarjetas de débito, extraían importantes sumas de dinero de los cajeros automáticos.

De esta intervención, y el allanamiento que le sucedió (en el domicilio de F... B.. y HRM, los dos principales “recaudadores”), derivó el descubrimiento de una organización delictiva en funcionamiento desde 2007, que se ocupaba de centralizar el cobro de entre 300 y 600 contratos de locación de obra, simulados, de ambas cámaras legislativas, dinero que luego entregaban bien al Director de Administración del Senado Provincial (GP), bien a otro funcionario del Senado, J.P.A, cuñado y colaborador dilecto del ex gobernador U.-

En aquel primer allanamiento y otros que le sucedieron, se encontraron registros escritos e informáticos con anotaciones de las recaudaciones realizadas desde 2008 en el ámbito del Senado de la Provincia, y desde 2012 en el ámbito de la Cámara de Diputados. El informe que se realizó sobre la contabilidad de la propia organización, indicó que el monto sustraído durante los casi 11 años que fueron objeto de investigación, ascendió a cincuenta y dos millones, novecientos veintisietemil ochocientos setenta y ocho dólares, con cincuenta centavos (52.927.878,50 U$S).-

A cada una de las personas que la organización reclutaba para que prestara su nombre para que aparezca como contratado de la legislatura, le entregaban como compensación aproximadamente un 5% del monto del contrato. Durante los primeros años la maniobra requería que cada contratado suscribiera los cheques a través de los que se liquidaba el pago, pero desde 2017 comenzó un proceso de bancarización, que implicó que la organización se quedaba con las tarjetas de débito y realizaba directamente las cobranzas, desapareciendo la necesidad de abonar un porcentaje a cada contratado.

A su vez, la organización contó desde siempre con las prestaciones de un estudio contable (Integral Asesoría, de los contadores P.O., G.K. y G.F.) que ayudaba a mantener regularizada la situación patrimonial de los contratados, para que pudiera mantenerse la apariencia de legalidad de las contrataciones.

Desde el inicio de aquella investigación, comenzaron los ataques y cuestionamientos mediáticos hacia los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

El principal abogado en ejercicio de la defensa de los investigados, en entrevista radial del 5 de noviembre de 2018, anunciaba ya posibles procesos de enjuiciamiento contra integrantes del Ministerio Público e instaba a los políticos, a interpretar la investigación penal de los hechos delictivos, como un ataque al Poder Legislativo, proponiendo que se reaccionara consecuentemente.

Esas denuncias se concretaron en un primer pedido de enjuiciamiento ante el Jurado de Enjuiciamiento al Procurador General de la Provincia (interpuesto ya en noviembre de 2018). Este primer intento de destitución, fue desestimado en sentencia del 12/06/2019.-

En paralelo con ello, sectores de la prensa afín al poder iniciaron una feroz campaña de desprestigio hacia la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, centrada en la información falsa que publicaban en la prensa, a través de la cual sentaban la idea de que existía una sociedad entre la Fiscal y uno de los imputados, integrante del estudio contable que asistía a la organización delictiva. En abril de 2019, Cecilia Goyeneche optó por excusarse.

Luego de ello, las defensas realizaron recusaciones y cuestionamientos a los fiscales Aramberry y Yedro, a la jueza de Garantías Marina Barbagelata, y se movieron para quitar el expediente del fuero provincial.

En ese contexto, el 31 de mayo de 2021, el primer tramo de la investigación -en el que existen 32 imputados-, fue cerrada y la causa REMITIDA A JUICIO (se puede consultar en el link el texto de la remisión a juicio, en el que a partir de página 59 se describe con minuciosidad el entramado delictivo).

Poco tiempo después, el 13 de julio de 2021, el mismo abogado que había denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento al Procurador General apenas iniciada la causa de los contratos, hizo lo propio en relación con la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción. A esa primera denuncia se sumó una segunda, firmada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet (cuyo estudio jurídico defiende a uno de los principales acusados de la causa, el Sr. Alfredo Bilbao), en la que se agregó la acusación al Procurador General, Jorge Amílcar Luciano García.-

Ambas denuncias, en relación con Goyeneche, afirman la existencia de mal desempeño, dado que consideran que la Fiscal incumplió con su deber de excusarse de intervenir en la causa “Contratos”. Para ello se centran en las noticias periodísticas de medios afines al gobierno, en las cuales se venía publicando desde 2018 diversas notas con información falsa, que sugería el favorecimiento a uno de los imputados, a quienes los fiscales no sólo investigaron, imputaron, sino que solicitaron se le apliquen 6 años de prisión. Para García, el pedido de enjuiciamiento es una derivación de aquél, los defensores piden la destitución por no haber generado el apartamiento de Goyeneche, a su vez que le recriminan el que se hubiera tomado la decisión de dividir la causa, dejando para una segunda etapa la imputación de los funcionarios responsables de la legislatura.

 

El relato de la situación no puede concluir, sin mencionar que en Entre Ríos se investigan múltiples causas de corrupción, varias de ellas tienen como imputado al ex gobernador Urribarri. Fueron iniciadas la mayoría de ellas a raíz de investigaciones periodísticas que derivaron en denuncias penales.

Cinco de ellas, acumuladas, se encuentran siendo juzgadas desde el 28 de septiembre de 2021 -luego de cuatro postergaciones de audiencias fijadas con anterioridad en los años 2019 (2 suspensiones) y 2020 (2 suspensiones)-.

La acusación en este juicio es llevada adelante por los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano, que responden a la coordinación que realiza la Fiscal Anticorrupción de la provincia Dra. Cecilia Andrea Goyeneche.-

La acusación recae en este caso en el ex gobernador Sergio Urribarri, sus ministros Pedro Baez y Hugo Marsó, algunos otros funcionarios, el cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera, su pareja Luciana Almada y a los integrantes dos empresas de publicidad de Paraná (prestanombres según la hipótesis fiscal), que contrataban asiduamente con el Estado.

El firme avance de este juicio, brindó un nuevo impulso al pedido de enjuiciamiento, poniendo de manifiesto el interés de sectores vinculados al ex gobernador, de socavar a al organismo encargado de la acusación en pleno tránsito del debate oral y público.-

injerencias sobre el ministerio público de la acusación de santa fé

SOLICITAMOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE SUSPENDIERA EL TRATAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL FISCAL DENUNCIADO POR ENTENDER QUE EL PROCESO ES VIOLATORIO DE LA INDEPENDENCIA DEL MPA.

ULTIMO MOMENTO SE SUSPENDIO EL TRATAMIENTO

 

COMUNICADO

Independencia-División de Poderes-República

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APOYO DE LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE FISCALES

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en los medios

REPORTAJE RADIAL

radio continental
00:00 / 11:11

Gravedad institucional-provincia de Santa Fe

Una investigación por hechos de corrupción pone en evidencia la falta de independencia del MPA frente al Poder Político

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CORRUPCIÓN

Luego de que se detuviera y procesara a dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación, la investigación señaló a un importante Senador de la Provincia de Santa Fé como uno de los eslabones más altos de la organización criminal vinculada a múltiples hechos de corrupción.

Allí, es donde se refleja la falta de garantías que tienen los fiscales cuando se enfrentan al poder político.  Sugerimos leer el comunicado de la Asociación.

La investigación según los medios de comunicación

FONDOS DE

PANTALLA

NOTICIAS

CIDH-CONDENA A COLOMBIA

(CASO MARTÍNEZ ESQUIVIA VS. COLOMBIA

INDEPENDENCIA Y ESTABILIDAD DE LOS FISCALES

Descargar documento completo

"...86. Corresponde entonces determinar si estas garantías son aplicables a las y los fiscales en razón de la naturaleza de las funciones que ejercen. En lo que respecta a la función específica de las y los fiscales, esta Corte se ha referido en distintas oportunidades a la necesidad de que, en lo que concierne a violaciones a los derechos humanos y, en general, en el ámbito penal, los Estados garanticen una investigación independiente y objetiva85, habiendo enfatizado que las autoridades a cargo de la investigación deben gozar de independencia, de jure y de facto, lo que requiere “no sólo independencia jerárquica o institucional, sino también independencia real”
87. Asimismo, el Tribunal ha señalado que las exigencias del debido proceso previstas en el artículo 8.1 de la Convención, así como los criterios de independencia y objetividad, se extienden también a los órganos a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial, realizada para determinar la existencia de suficientes indicios para el ejercicio de la acción penal, de manera que, sin la observancia de tales exigencias, el Estado estará imposibilitado de ejercer de manera efectiva y eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso judicial correspondiente.
88. A partir de lo indicado, la Corte considera que las garantías a un adecuado proceso de nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra presiones externas también amparan la labor de las y los fiscales. De otro modo, se pondrían en riesgo la independencia y la objetividad que son exigibles en su función, como principios dirigidos a asegurar que las investigaciones efectuadas y las pretensiones formuladas ante los órganos jurisdiccionales se dirijan exclusivamente a la realización de la justicia en el caso concreto, en coherencia con los alcances del artículo 8 de la Convención. A ese respecto, cabe agregar que la Corte ha precisado que la falta de garantía de inamovilidad de las y los fiscales, al hacerlos vulnerables frente a represalias por las decisiones que asuman, conlleva violación a la independencia que garantiza, precisamente, el artículo 8.1 de la Convención....

...En todo caso, resulta necesario señalar que la independencia de las y los fiscales no supone un determinado modelo de arreglo institucional a nivel constitucional o legal, tanto por la posición que se haya reconocida a la Fiscalía, Ministerio Público o cualquier otra denominación utilizada, en el ordenamiento interno de cada país, como por la organización y relaciones internas de tales instituciones, en el entendido que, sin perjuicio de lo anterior, la independencia que se reconoce a las y los fiscales configura la garantía de que no serán objeto de presiones políticas o injerencias indebidas en su actuación, ni de represalias por las decisiones que objetivamente hayan asumido, lo que exige, precisamente, la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo98. Así, esta garantía específica de las y los fiscales, en aplicación equivalente de los mecanismos de protección reconocidos a los jueces, conlleva lo siguiente: (i) que la separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato; (ii) que las y los fiscales solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia, y (iii) que todo proceso seguido contra fiscales se resuelva mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales según la Constitución o la ley, pues la libre remoción de las y los fiscales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de aquellos de ejercer sus funciones sin temor a represalias..."

REPORTAJE RADIAL

La realidad de los Fiscales de la Provincia de Buenos Aires.

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