Denuncias como estas se reciben todos los días, en gran cantidad. Y también otras, como extorsiones de supuestos policías, que piden altas sumas de dinero, a cambio de no hacer un allanamiento; o bien, que piden dinero, coimas, para un supuesto fiscal corrupto que está investigando. Y por supuesto, en un país donde nadie cree en las instituciones y donde la corrupción es moneda corriente, las personas caen en el engaño, y transfieren miles, millones de pesos. 
De acuerdo a la experiencia en la investigación de este tipo de delitos, constitutivos de estafas, defraudaciones mediante manipulación de un sistema informático o extorsiones, todos estos hechos delictivos tienen un elemento en común: son cometidos desde Unidades Carcelarias. De diversas provincias, algunas más que otras.
La modalidad es siempre bastante similar: en el caso del llamado “hackeo de whatsapp”, se comienza siempre con una llamada o mensaje y mediante maniobras de ingeniería social, convencen a la víctima de abrir un link  o pasarle a quien llama un código. De esta manera, se pierde el control de la aplicación de whatsapp, la cual queda en poder del delincuente, que tiene acceso a sus conversaciones y contactos. Entonces, comienza a escribirle a los diversos contactos con diversas excusas: compraventa de dólares; necesidad de transferencias para comprar un medicamento, etc. Muchos caen en el engaño y transfieren. Esa primera transferencia en general va a una cuenta “mula”, creada con el fin de desviar el rastreo. Por ejemplo, si el llamado se hace dentro de la Provincia de Buenos Aires, esa cuenta a la que se transfiere parecería corresponder a una persona con domicilio en Salta, Chaco, Formosa, etc. Pero apenas ingresa el dinero, automáticamente sale a otra u otras cuentas. Y si hacemos la ruta del dinero, vamos a encontrarnos diversos destinatarios, como ser: una persona detenida en Unidad Carcelaria, o su pareja, madre, padre, etc. 
Y ante esto, surge la cuestión: ¿los detenidos están autorizados a tener  teléfonos celulares en las Unidades Carcelarias?. Aquí la respuesta podrá ser diversa: en algunas jurisdicciones, no. En otras, como la provincia de Buenos Aires, sí. En algunas, no están autorizados, pero tienen igual. 
Vamos a detenernos en los casos en que están autorizados.  Así, en la provincia de Buenos Aires, en ocasión de la pandemia que padecimos en el año 2020, se autorizó a los detenidos a tener teléfonos celulares. A tal fin, se dictó un protocolo, el cual establece, entre otras cuestiones que “Se autoriza a la población en contexto de encierro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a mantener comunicaciones a través de teléfonos celulares y al uso de otros dispositivos tecnológicos…Este Protocolo tiene como objetivo esencial facilitarle a la población privada de la libertad: a) el contacto con sus familiares y afectos, b) su desarrollo educativo y cultural y c) el acceso a información relativa a su situación procesal…El dispositivo móvil quedará registrado a nombre de la persona que lo requirió, quien será también responsable de todas las comunicaciones realizadas desde ese teléfono celular….Se encuentra autorizado el ingreso de ordenadores portátiles (notebook/ netbook) y tabletas a las dependencias del SPB…Las comunicaciones a través de teléfonos celulares podrán tener lugar a cualquier hora del día…. Se encuentra prohibido el uso de redes sociales, con excepción de la aplicación WhatsApp…Si la persona detenida estuviera procesada o condenada por hechos cometidos a través de redes sociales o mediante el uso de dispositivos telefónicos, la autoridad penitenciaria podrá inhabilitarle la cámara al dispositivo móvil del que resulte responsable o establecer condiciones de uso específicas para el caso en concreto…”. 
   Si bien la situación de pandemia cesó, se habilitaron nuevamente las visitas familiares, además obviamente de las llamadas telefónicas a través de telefonía fija, se decidió que continuara la vigencia de protocolo. Es decir: todo detenido puede usar telefonía celular, whatsapp e internet todos los días y a toda hora. El resultado está a la vista: las unidades carcelarias se han convertido en un call center, una usina de estafas mediante el uso de la tecnología, sin ningún tipo de control.
   Frente a esto, se podrá argumentar: el protocolo exige la registración del teléfono, y sólo el uso de un teléfono móvil. Y tampoco permite el uso de redes sociales sino únicamente whatsapp para los fines del protocolo, es decir, tener contacto con la familia, educarse o averiguar el estado de su causa. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es posible controlar que cuando el detenido escribe por whatsapp, esté hablando con su mamá y no cometiendo una extorsión?. ¿Cómo es posible, si hay acceso irrestricto a internet, controlar que se usa con fines educativos y no para conectarse a Facebook, crear perfiles falsos y publicar fotos de una mujer desnuda, a la que luego le exige que le haga transferencias para no mostrar las fotos de ese perfil a sus familiares?. Este tipo de situaciones suceden todos los días, a toda hora. Desde ya que aún cuando se prohibiera el uso de telefonía celular, siempre existe la posibilidad de que ingresen teléfonos de manera ilegal, incluso con connivencia de personal penitenciario. Pero la realidad es que ni siquiera hace falta. Personas condenadas por delitos graves, como robo calificado, homicidio, homicidio calificado, se “entretienen” y se dedican a robar pero sin moverse de su celda, sino simplemente, con la facilidad de usar sus teléfonos, con autorización del Estado. 
La pregunta es: ¿hasta cuándo?. Los invito a que reflexionemos sobre esta cuestión.