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EDITORIAL

Hace pocos días expusimos la situación en una audiencia ante la CIDH que entre sus funciones debe "monitorear" la situación de los derechos humanos en los distintos países que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos.

Recordemos que nuestro país no sólo la ha ratificado, sino que además desde la Reforma Constitucional de 1994 integra el "bloque Constitucional Federal".

Durante la audiencia explicamos que la Argentina no cumple con su obligación de garantizar una justicia independiente e imparcial (como exigen todos los instrumentos internacionales de derechos humanos), y señalamos la falta de leyes en ese sentido; la existencia de leyes que directamente violan ese precepto o son inadecuadas; la existencia de hechos diversos que debilitan a los Ministerios Públicos Fiscales, pero con mayor gravedad expusimos que se verifican ataques contra cada fiscal que promueve investigaciones por CORRUPCION.

En apoyo, citamos varias investigaciones (algunas hoy con condenas a funcionarios públicos) en las que los/las fiscales debieron soportar ataques en los medios de comunicación, denuncias tendientes a sancionarlos o destituirlos de sus cargos.   En ese contexto, las palabras del Dr. Alejandro Gullé nos dan una esperanza. 

En la Audiencia, el Estado Argentino no contestó, ni discutió, ni presentó información vinculada a ninguno de los casos presentados (y que conocía de antemano).   Nosotros no hablábamos de situaciones abstractas, de utopías.  Hablábamos de una realidad, tan concreta y actual que los/las fiscales afectados estaban allí en la audiencia, dando la cara, para satisfacer cualquier pregunta que el Estado quisiera realizar, o que los Ministros desearan profundizar. 

Tan actual que hoy, el caso de Cecilia Goyeneche se ha convertido en un espejo sobre el cual se miran todos/todas las fiscales (también los jueces, no lo duden).

El Jurado de Enjuiciamiento acaba de rechazar la petición de Cecilia que recusaba al ilegalmente "elegido" órgano acusador.  No sólo porque la ley EXPRESAMENTE determina quien debe cumplir ese rol, sino también porque quien acepta ese espúreo cargo es un abogado comprometido con la actividad política partidaria.  De modo entonces, que ante semejante ilegalidad, todo el cuerpo de fiscales de la Provincia observa como uno de sus pares será enjuiciado para su destitución.   Ni imaginar, si además se resuelve en ese sentido.  Pero el daño ya está hecho.  El sometimiento al proceso, su suspensión previa con reducción del salario, el cuestionamiento público de la idoneidad moral de la Fiscal, ya lastimaron al cuerpo de Fiscales.

Por eso son tan importantes las palabras del Dr. Gullé, porque representa la voz de las máximas autoridades de los Fiscales de todo el país.  Porque los Procuradores Generales también son "El Estado".   Tenemos que aplaudir ese respaldo del Consejo a sus fiscales, a la institucionalidad, al respeto de la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos.

Y las consecuencias se verán, no tengan dudas.   Ahora la CIDH, no solo cuenta con nuestra exposición y pruebas frente a un Estado silente y distraído.  Ahora cuenta con parte del Estado que reconoce totalmente la seriedad de nuestra denuncia. Vamos derechito a una recomendación.  Esto es evaluación propia. 

-Marcelo Varona Quintián -Presidente de la Asociación Argentina de Fiscales-

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